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a Justicia pidió la captura nacional e internacional de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, considerado el principal operador judicial del expresidente Mauricio Macri. La medida la ordenó la jueza federal María Servini, después que el abogado pidiera asilo político en el Uruguay a través de una carta que difundió el lunes. Además ordenó la inhibición general de bienes de Rodríguez Simón, que está acusado de integrar una asociación ilícita para perseguir empresarios. La jueza investiga la llamada “mesa judicial de Cambiemos” y lo había citado a declaración indagatoria para el 26 de mayo.
Servini lo declaró “rebelde” y dispuso oficiar al Ministerio de Seguridad de la Nación para que se notifique de la medida a las fuerzas de seguridad. En el escrito la magistrada ordenó “oficiar al Jefe del Departamento de INTERPOL de la Policía Federal Argentina”. Además citó el último domicilio en Uruguay que declaró el abogado, ya que ese es el país en el que se encuentra desde fines del año pasado.
La jueza adelantó en el escrito que librará un exhorto internacional a las autoridades que correspondan de Uruguay “a efectos de solicitarles que, de manera muy urgente, arbitren los medios para que se proceda a la localización de Fabián Jorge Rodríguez Simón”. Pidió además que “se prohíba su salida de ese país”.
El lunes Rodríguez Simón comunicó en una carta que pidió asilo político en Uruguay porque dijo que es víctima de una “persecución” en la Argentina. Argumentó: “Ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país”. Anunció que no volvería “hasta que cese” lo que denominó como una “persecución” en contra de él. Sostuvo que tiene “temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente” de su libertad, “con peligro” para su “seguridad personal”. Habló de “causas judiciales amañadas como pretexto” para encarcelarlo.
Rodríguez Simón fue director de YPF por el Estado Nacional y representante argentino en el Parlasur durante la gestión de Macri. De acuerdo a la denuncia fue uno de los impulsores de la causa judicial por evasión contra los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Es investigado por la Justicia por asociación ilícita, y según la presentación en contra de él mantuvo cientos de contactos con referentes del entonces gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires para avanzar en la causa que llevó a prisión a los dos empresarios.
La causa fue iniciada tras la acusación del empresario De Sousa contra el expresidente y su entorno por haber montado, según denunció, un plan estatal y mediático para despojar al grupo Indalo de sus empresas. Rodríguez Simón argumentó que fue asesor del gobierno de la Ciudad para gestionar que los empresarios del juego comenzaran a pagar Ingresos Brutos, algo que hicieron desde 2016.
