“Perdí todo”: un futbolista argentino reconoció su ludopatía y una deuda de US$50.000
El futbolista argentino Jonatan Gómez, de 36 años, contó públicamente el difícil momento personal que atraviesa como consecuencia de su adicción a las apuestas online y reconoció una deuda de aproximadamente US$50.000 generada en una plataforma clandestina.
“Perdí todo. Mi familia está destrozada”, reconoció el mediocampista, quien aseguró que actualmente atraviesa un tratamiento para superar la ludopatía y recuperar la tranquilidad junto a sus seres queridos.
Gómez relató que su problema comenzó en 2020, cuando regresó desde Brasil para incorporarse a Argentinos Juniors. Según explicó, comenzó a apostar junto a un compañero en plataformas clandestinas, principalmente en juegos de casino virtual.
Al principio, las apuestas le dieron resultados favorables. Esa situación, según contó, fue lo que terminó llevándolo a aumentar progresivamente el dinero que destinaba al juego.
“Yo jugaba a la ruleta. Siempre los primeros son positivos, pero el juego está preparado para eso. Gané tres, cuatro y después te va golpeando”, relató.
Una deuda que llegó a los US$50.000
El jugador aseguró que la situación se agravó progresivamente hasta acumular una deuda cercana a los 50.000 dólares con personas vinculadas a una plataforma ilegal.
De acuerdo con su relato, posteriormente comenzó a recibir intimidaciones y denunció que personas relacionadas con sus acreedores se presentaron en lugares vinculados con él y su familia.
Gómez también sostuvo que fue obligado bajo amenazas a firmar cuatro pagarés por un total de US$505.000, una cifra muy superior a la deuda que reconoce haber generado originalmente.
Esos documentos fueron posteriormente ejecutados judicialmente y derivaron en embargos preventivos sobre propiedades, un vehículo y cuentas bancarias del futbolista.
La Justicia desestimó la denuncia por extorsión
Gómez había realizado presentaciones judiciales en las que denunció extorsión y amenazas.
Sin embargo, el fiscal Aquiles Balbis desestimó ahora esa denuncia, al considerar que no encontró elementos suficientes para sostener que los hechos hubieran ocurrido de la manera relatada por el futbolista.
Según la resolución, además, el investigador consideró que Gómez mantenía previamente vínculos con algunas de las personas denunciadas y que habría incurrido en contradicciones o faltado a la verdad en aspectos de sus presentaciones.
Por ese motivo, las actuaciones fueron remitidas a la fiscal Luisina Paponi, quien deberá determinar si corresponde investigar al futbolista por un presunto falso testimonio.
La defensa de una de las personas denunciadas también analiza iniciar una acción por daños y perjuicios contra Gómez.
La investigación sobre las apuestas clandestinas continúa
El cierre de la denuncia por extorsión no significa que haya terminado toda la investigación relacionada con el caso.
Uno de los puntos que permanece bajo análisis es el funcionamiento de la plataforma clandestina de apuestas utilizada por Gómez: quiénes la administraban, cómo se otorgaban créditos a los jugadores y de qué manera se generaban y cobraban las deudas.
El propio futbolista reconoció que utilizaba un sistema de apuestas sin autorización y que había accedido a créditos que le permitieron continuar jugando incluso después de perder importantes sumas de dinero.
“Cambiaría todo por tener paz”
Más allá de la situación judicial, Gómez reconoció que atraviesa fundamentalmente un problema de salud vinculado con el juego compulsivo.
Según contó, lleva meses intentando alejarse de las apuestas y comenzó un tratamiento para combatir la ludopatía.
El futbolista, que desarrolló una extensa carrera en clubes argentinos y del exterior, admitió que actualmente su principal preocupación no pasa por el fútbol sino por recuperar su vida personal.
“Cambiaría todo por tener paz y que mis hijos me vean feliz”, resumió.
Su historia expone el recorrido que puede tener la ludopatía: una actividad que comenzó con apuestas aparentemente controlables terminó, según su propio relato, en una deuda de US$50.000, conflictos judiciales, embargos y una profunda crisis familiar.