La Justicia decretó la quiebra de la operadora de Musimundo y ordenó liquidar sus bienes
La crisis de Musimundo ingresó en una nueva y definitiva etapa luego de que la Justicia decretara la quiebra de CARSA S.A., la empresa que operaba la reconocida cadena de electrodomésticos en Misiones, Chaco, Corrientes, Formosa y parte de la provincia de Buenos Aires.
La resolución fue dictada el 2 de septiembre por el juez Fernando Luis Lavenas, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 23 de Resistencia, quien además revocó el concurso preventivo que había sido habilitado en julio y dispuso avanzar con la protección y posterior liquidación de los activos de la compañía.
La decisión judicial se conoció después del cierre de los locales que CARSA mantenía en distintas provincias del Nordeste, los despidos de trabajadores y el fracaso de una operación destinada a transferir 45 sucursales.
De la reestructuración a la quiebra
CARSA había solicitado en julio la apertura de un nuevo concurso preventivo, con el objetivo de preservar la continuidad de la empresa, mantener las fuentes laborales y negociar una salida con sus acreedores.
Sin embargo, el escenario se deterioró rápidamente. La empresa cerró establecimientos, redujo su estructura y terminó planteando un esquema que prácticamente la dejaba limitada al cobro de cuotas correspondientes a ventas realizadas anteriormente, sin capacidad para reponer mercadería ni mantener una actividad comercial normal.
La compañía había estimado que el cierre de locales y la reducción de gastos le permitirían ahorrar unos 1.420 millones de pesos mensuales. Pero la sindicatura cuestionó que el plan se concentrara en reducir costos sin demostrar con claridad cuáles serían los ingresos que permitirían sostener la operación.
Para el juez, las condiciones habían cambiado de manera sustancial y ya no existía una empresa en condiciones de ser recuperada mediante un concurso preventivo.
“La sociedad no se encuentra en posibilidades de mantener, ni mucho menos llegar a un acuerdo exitoso del concurso preventivo”, sostuvo el magistrado en la resolución.
Un pasivo de más de $63.500 millones
La situación financiera de CARSA era crítica. Al solicitar el concurso preventivo, la compañía había declarado un pasivo de 63.503 millones de pesos, además de 1.593,4 millones de pesos correspondientes a cheques rechazados.
Con el nuevo escenario, el proceso judicial dejó de estar orientado a la recuperación de la empresa y pasó a concentrarse en la identificación, preservación y futura liquidación de sus bienes para afrontar las obligaciones con los acreedores.
La Justicia ordenó además la inhibición general de CARSA para vender o gravar bienes registrables y dispuso la entrega de activos, libros y documentación contable a la sindicatura.
También se ordenó la clausura de establecimientos, el inventario de los bienes existentes y hasta el eventual secuestro de vehículos pertenecientes a la compañía.
Restricciones para los administradores
Una de las medidas más relevantes del fallo establece que los administradores de CARSA no podrán abandonar el país sin autorización judicial hasta que la sindicatura presente su informe general.
La medida será comunicada a organismos como Migraciones, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Aduana.
Los acreedores tendrán plazo hasta noviembre
El proceso continuará ahora con la presentación y verificación de los créditos.
Los acreedores tendrán tiempo hasta el 6 de noviembre de 2026 para presentar sus pedidos de verificación y acreditar el origen, monto y privilegios de las deudas reclamadas.
La sindicatura deberá presentar posteriormente un informe individual sobre los créditos y, en junio de 2027, otro informe general destinado a reconstruir la situación patrimonial de la compañía, las causas de su insolvencia y la conducta de sus administradores.
El final de una etapa para Musimundo en el NEA
CARSA, con sede en Resistencia, explotaba la marca Musimundo bajo licencia, principalmente en el Nordeste argentino y algunas localidades bonaerenses.
La empresa ya había atravesado un concurso preventivo en 2018, en un contexto marcado por la caída del consumo, el incremento de los costos financieros y el crecimiento de su endeudamiento.
La nueva quiebra representa así un nuevo golpe para una empresa que durante años tuvo una importante presencia comercial en Misiones y en buena parte de la región, y abre ahora una etapa judicial en la que el principal objetivo será determinar el patrimonio disponible y cómo se distribuirán los recursos entre los distintos acreedores.