Polémica por la separación de cargos de docentes en una Escuela de Jardín América
En el marco de la medida de fuerza convocada por el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), y a pesar de las adversas condiciones climáticas marcadas por las intensas lluvias, se desarrolló este martes una masiva asamblea de trabajadores. Durante el encuentro, el gremio expresó su solidaridad con la profesora Miriam Quiroz, directora de la Escuela N° 284 de Jardín América, y repudió enérgicamente su separación del cargo jerárquico.
Tras un detallado informe sobre la crisis socioeconómica que atraviesan los diferentes sectores a nivel nacional, provincial y local, la asamblea debatieron los ejes centrales de reclamo: Educación Pública, Salario, Desendeudamiento, IPS y Tierra, resolviendo un plan de acción inmediato.
Plan de lucha y movilización unificada
Por un lado, el plenario resolvió formalmente convocar a un nuevo paro provincial para este jueves 15 de octubre de 2026.
Asimismo, se ratificó la participación en la Jornada Nacional de Lucha con una gran marcha multisectorial que recorrerá la Ruta Nacional N° 12, uniendo a trabajadores de la educación, el movimiento campesino, tareferos, trabajadores desocupados y ATE Montecarlo.
Cronograma de la movilización (Jueves 15/10)
07:30 hs: Concentración y partida desde la Rotonda de Montecarlo.
16:00 hs (aprox.): Arribo a la ciudad de Eldorado (Plaza El Colono).
Actividades conjuntas: Se prevé una marcha en unidad junto a la comunidad de la Facultad de Ciencias Forestales (FCF-UNaM) rumbo a la Plaza Sarmiento.
Desde el sindicato señalaron que la movilización se realiza en defensa de la educación y la universidad pública, los salarios dignos, la restitución de las prestaciones óptimas de la obra social IPS, el desendeudamiento de las familias trabajadoras y en frontal rechazo al DNU 70/23.
Irregularidades y separación preventiva: Que dice el el Consejo de Educación al Respecto
Ante publicaciones recientes que califican las decisiones del Consejo General de Educación (CGE) sobre la intervención de la Escuela N° 284 -dispuesta por la Resolución N° 6554/26- como un acto de “persecución política y sindical”, este organismo considera necesario informar a la opinión pública y a la comunidad educativa, con rigor técnico, legal y documental.
El CGE rechaza esas acusaciones y aclara que la intervención de la Escuela Provincial N° 284 “Comandante Tomás Espora” deriva de un expediente administrativo iniciado en 2024, que acumula graves irregularidades que no pudieron resolverse pese a las reiteradas intervenciones institucionales.
Las actuaciones de los Expedientes Administrativos N° 5554-491-D-24 y N° 5554-736-D-24 dan cuenta de una prolongada y severa crisis de convivencia institucional. Entre los antecedentes documentados figuran casos de descompensación e intoxicación de alumnos, conflictos interpersonales recurrentes, fallas críticas en los canales formales de comunicación y divisiones dentro del plantel docente.
Durante 2024 y 2025, la Supervisión Escolar del departamento San Ignacio realizó múltiples abordajes pedagógicos e informaciones sumarias, con el acompañamiento del Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario (GPI). A pesar de las intervenciones realizadas, los informes técnicos concluyeron que la conflictividad persiste y afecta de forma directa el clima de trabajo, la salud laboral del personal, el nivel académico y la estabilidad del entorno escolar de los estudiantes.
En este contexto, el CGE puntualiza que la apertura de un Sumario Administrativo no constituye una sanción disciplinaria ni un prejuzgamiento sobre los integrantes de la institución. Se trata de una herramienta técnica prevista por el Estatuto Docente (Ley VI N° 6) y por el Reglamento General para la Tramitación de Sumarios (Decreto 226/08), que permite investigar los hechos de manera objetiva, recibir pruebas y deslindar las responsabilidades administrativas que correspondan.
En el marco del debido proceso y conforme a la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551, el CGE, no impone sanciones a quienes posean tutela sindical sin tramitar previamente ante la justicia la correspondiente exclusión de la misma, como lo establecen las normas vigentes, con el fin de resguardar las garantías y derechos gremiales.
Asimismo, la separación preventiva y provisoria de las docentes de sus funciones y la posterior intervención de la institución mediante la designación del Lic. Cristian Matías Bria como Director Interventor, constituyen medidas cautelares. Persiguen dos fines: por un lado, garantizar la transparencia y la imparcialidad del proceso sumarial, evitando que el conflicto se agrave y que se interfiera en la recolección de pruebas; por otro, restablecer de inmediato la normalidad institucional y proteger el bienestar de la comunidad escolar. Cabe señalar que las docentes apartadas conservan la totalidad de sus haberes y continúan cumpliendo tareas administrativas durante la investigación.
El Consejo General de Educación reafirma su compromiso con la legalidad, el Estado de Derecho y con la defensa del derecho a la educación de los niños. En ese marco, trabaja en todo momento para asegurar entornos escolares seguros y armónicos, tanto para estudiantes como para docentes.