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uego de que el Tribunal Penal Uno de Eldorado suspendiera el juicio contra María Ovando (46), Marcos Iván Laurindo (23), Lucas Sebastián Ferreira (23) quienes están acusados de abusos sexuales de los que fueron víctimas una hija y una nieta de la mujer, uno de los magistrados, puntualmente el presidente del cuerpo, Atilio León se inhibió.
La decisión la tomó luego de que junto a sus colegas María Teresa Ramos y Lyda Gallardo se reunieran para decidir sobre distintos planteos de nulidades presentados por los abogados defensores de los sospechosos y hayan votado de manera dividida.
El Fiscal Federico Rodríguez habló sobre el tema y manifestó “Me alegro que este Juez se haya apartado”. Rodríguez impulsa la acusación por “corrupción de menores”, “abuso sexual con acceso carnal” y “abuso gravemente ultrajante” contra la mujer que fuera absuelta en 2013 en la causa por supuesto “abandono de persona agravado seguido de muerte”.
Apuntó que el profesional “no daba garantía de imparcialidad” y sostuvo que su accionar fue incorrecto al manifestar que haya falta de intimación; “como pudo decir eso cuando se acababa de leer el requerimiento fiscal de elevación a juicio, y yo había ampliado la acusación dando especificaciones del hecho y la definición de la clasificación jurídica”.
Estimó que el Tribunal rápidamente estaría incorporando un nuevo Juez ya que hay un juicio de por medio; “debe ser rápido porque es un perjuicio para todos, en especial para los imputados que sufren este cambio”.
En cuanto a las defensas de los acusados, indicó que “nunca hicieron nada, no presentaban pruebas si quiera para el juicio y ahora vienen a apretar con esto”.
La defensa solicitó nulidades argumentando que la fiscalía no había cumplido requisitos mínimos para formular la acusación, como lo es precisar los hechos por los que se acusa a los imputados.
“Hay movilizaciones para asegurar que se cumplan los derechos de Ovando pero nadie piensa en las víctimas que sufrieron el calvario por el cual están acusadas estas personas” expresó.
Rodríguez consideró que hay pruebas suficientes para la imputación contra Ovando, su pareja y un amigo, por el abuso sexual de las niñas de 4, 6 y 9 años. Y cuestionó con dureza la absolución en la causa por la muerte de Carolina (3), ocurrida en 2011, considerando que hubo una “farsa” propiciada por organismos de Derechos Humanos “que le mintieron al mundo” sobre la vulnerabilidad extrema que padecía Ovando al momento de fallecer la niña por desnutrición.
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