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l pasado viernes 18 por orden del juez Gerardo Casco, del Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente se llevó adelante el desalojo a unas 13 familias que residían en chacras de aproximadamente 200 hectáreas ubicadas en Picada Guaraní de Colonia Fracrán.
La causa por supuesta usurpación impulsada por personas que viven en Santa Fe tomó polémica debido a que genero un amplio debate por distintas inclinaciones. Por un lado, se encuentran los productores que vivían en el lugar que junto al Diputado Nacional Héctor “Cacho” Bárbaro apuntan a que no se trata de intrusión y además indican que la causa no es válida. Por el otro, hay productores que apoyan al Juez Casco y repudian los dichos de Bárbaro en un audio de WhatsApp en el que anuncia anular una sentencia contra los usurpadores de una propiedad privada.
En diálogo con RADIO STOP, El diputado nacional y líder del Partido Agrario y Social (PAYS) Hector "Cacho" Bárbaro, sostuvo que “en el expediente habría existido un error de identificación del lote en conflicto, ya que una primera inspección ocular dio cuenta de 5 carpas de hule sostenidas por palos, como un campamento, en la zona conocida como ‘Picada Unida, San Alfonso’, mientras que las familias desalojadas viven en Picada Guaraní. En esa zona de carpas habían plantaciones, se tiraron árboles y fue reciente, pero en la zona donde viven estas familias hubo compra, hay boletos de compra-venta, boletas de luz a nombre de las personas quienes viven en el lugar desde hace más de 8 años”.
Indicó que no se trata de un hecho de usurpación ya que en el lugar hay plantaciones anuales de maíz, tabaco, yerba mate, cría de animales de granja, además las viviendas también contaban con servicio de energía eléctrica; “los hijos en edad escolar asistían a clases en aula satélite de la picada Guaraní, y hasta había una iglesia que no se pudieron hacer a pocos meses como normalmente sucede en un hecho de usurpación”.
Cuestionó el accionar del Juzgado y dijo; “el Juez toma decisión de desalojar a esta gente sin tener en cuenta su situación. Esta familia tenía su vida hecha, ahora no tienen a donde ir, les dejaron desamparados, sin sus cosas, les rompieron todas sus pertenencias”.
En el audio que se viralizó el fin de semana, el diputado nacional reconoce que la propiedad está correctamente inscripta ante el Registro de la Propiedad Inmueble de Misiones, pero especula que en realidad se trata de otro lote “porque ellos no presentaron en el expediente el título de propiedad en el expediente”.
El diputado había organizado para este lunes una movilización con los desalojados y sus familiares que continuaría el martes. La intención de la protesta es manifestarse frente al Juzgado que ordenó el desalojo y luego realizar un corte de la ruta nacional 14.
La movida también tiene su pata política, ya que presentarán una nota ante el Concejo Deliberante de San Vicente y otra ante el intendente Fabián Rodríguez, que integraba las filas del Partido Agrario pero se pasó al Frente Renovador. Sin embargo, el corte no se ha llevado a cabo.
“En el audio lo que dije a la gente es que en el expediente hay un boleto de compraventa, no hay título de propiedad, los productores también tienen ese documento por lo que están en las mismas condiciones que los propietarios del lugar que son de Santa Fe y seguramente ni conocen esa chacra. Dije que si no apretamos acá, se iban a quedar en la calle, si el Juez mira el expediente va a haber que hay indicios de nulidad en el expediente, nunca nadie notificó el juicio, tal vez si lo hacían ellos podrían desarmar sus casas, vender los animales y poder juntar para un terrenito pero ellos vinieron de repente, rompieron las casas de colonos en 5 minutos, eso no es justicia” aseveró.
El plan detallado por Bárbaro se completaba “metiendo presión” al Estado provincial para que adquiriera las tierras y se regularizara la situación de las familias desalojadas.
Cabe mencionar que dicho audio generó el repudio de unos 5.500 productores rurales de Misiones que integran una asociación de Autoconvocados contra Delitos Rurales. “Ante las declaraciones amenazantes y violentas del diputado nacional Hector Bárbaro contra un juez que tuvo la valentía de defender la propiedad privada, y convocando a ciudadanos para volver a tomar dichas tierras, repudiamos tal conducta”, dijeron.
Apuntó hacia Margarita de Carlotto quién es la administradora de las tierras y comentó; “Si preguntas por Carlotto en San Vicente te dicen que es la inmobiliaria que le quita terrenos a la gente. No sé muy bien que papel cumple ella en la causa, no aparece, ella paga a la policía para hacer los desalojos porque este no es el primero”.
Explicó que “las cosas no deberían hacer es así, el Juez debió contactar al Estado para que de alguna manera esas tierras pudieran ser compradas y financiadas a los productores, no dejarlos sin hogar de una manera tan violenta”.
Contó que este lunes se han reunido con la Secretaria de Tierras donde acordaron que el próximo miércoles habría una respuesta de Gobierno hacia esas familias; “si no hay, los vecinos saldrán respaldados con las personas del pueblo originario a cortar la ruta. La gente se preguntará porque participarían los aborígenes, y es justamente porque ellos son testigos que desde hace años viven en el lugar y no intrusaron”.
“Tenemos que ponernos en el lugar de las familias humildes, no solamente del poderoso que tiene tantas hectáreas que no se saben cómo adquirió, acá se violó el derecho a la defensa, hay muchas cosas que no se tuvieron en cuenta y eso pedimos, que haya justicia, no injusticia”.
