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hakira fue enviada a juicio por seis delitos contra la Hacienda Pública española. La Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23.8 millones de euros.
El Ministerio público sostiene que Shakira, a excepción de sus salidas para cumplir con sus compromisos profesionales, vivía de manera habitual en España. Entonces, estaba obligada a tributar en ese país. Sin embargo, aseguran que utilizó un entramado societario -creado años atrás-, para ocultar al fisco la renta percibida y su patrimonio durante tres ejercicios.
Desde un primer momento, Shakira defiende su situación y se negó a un acuerdo para evitar sentarse en el banquillo. Para los abogados que la defienden, ya pagó los 17 millones de euros que reclama la autoridad española y dicen “jamás se había encontrado una persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada por parte del fisco, ni con un uso tan evidente de la presión mediática y reputacional como mecanismo recaudatorio”.
Según la acusación, la única relación que la artista tuvo con los paraísos fiscales fue el domicilio de las sociedades a través de las que canalizó los ingresos de su actividad profesional. Dicen que “realizó acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados ‘tax ruling’, para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación”.
