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e hecho, los contratos podían se rescindidos sin comunicación al finalizar el 1 de este mes de marzo. Pero el cese genera un doble perjuicio: en primer lugar a los 100 profesionales que vienen actuando desde hace 4 años en el marco de la Ley Nacional 26.657, que permitió cambiar el paradigma de atención de la salud mental, realizando acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento.
