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a Cámara de Diputados, a partir de un acuerdo entre el oficialista frente Cambiemos y los distintos bloques de la oposición, aprobó hoy por amplia mayoría y giró al Senado un proyecto de ley que aclara y limita la aplicación del cómputo de pena de dos años por uno para los autores de delitos de lesa humanidad, tras la controversia generada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
En una sesión especial que se extendió más de seis horas, la oposición pudo imponer que se abra el debate para fijar los alcances de la Ley 24.390, que fue derogada en 2001 y beneficiaba a los detenidos con prisión preventiva por plazos superiores a 2 años, computándoles por cada día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión.
El proyecto fue aprobado por la Cámara baja por 211 votos positivos y sólo uno en contra, el del salteño Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos) y mañana sería tratado por el Senado.
La norma deja en claro que de acuerdo a la ley 27.156 el beneficio de la denominada ley del 2x1 "no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional".
Asimismo, remarca la ley que "el cómputo de las penas" establecido en la ley 24.390 "será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley".
Con la presencia en el recinto de la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y representantes de Madres de Plaza de Mayo, la Cámara de Diputados tuvo hoy un fuerte debate por el controvertido fallo de la Corte Suprema que benefició Luis Muiña, el represor beneficiado con el 2x1.
El jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri (UCR), destacó que con esta ley la Cámara de Diputados "viene a poner certidumbre frente a la incertidumbre y la zozobra que se generó por un fallo dividido de los integrantes de la Corte Suprema".
"Estamos votando una ley interpretativa que arroja luz sobre el significado de otra ley que en algún caso podría haber resultado ambigua u oscura", aclaró el jefe de la bancada radical, quien remarcó que "en los crímenes de lesa humanidad, el Estado tiene obligaciones internacionales a las que nos hemos atado definitivamente".
Por su parte, Remo Carlotto (Peronismo para la Victoria) calificó como "un fallo vergonzoso" por parte de la Corte, en particular los votos positivos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco que favoreció al represor.
"Vemos este momento como un momento de enorme preocupación. No podemos dejar de ver este pronunciamiento, que va en contrario de los pronunciamientos que de hace más de hace 12 años viene teniendo la Corte Suprema de Justicia en materia de crímenes de lesa humanidad, como parte de algo que está sucediendo en la Argentina desde el 10 de diciembre de 2015", apuntó.
Victoria Donda (Libres del Sur), hija de desaparecidos, advirtió que "hoy le toca a la política, al poder democrático, a aquellos que fuimos elegidos, nos toca decirle a la sociedad que no vamos a permitir que se quiera levantar un muro de impunidad en nuestro país".
Tras calificar como "brillante" el voto negativo de los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, la legisladora cuestionó los argumentos positivos de Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco, que generaron, según su consideración, "uno de los fallos más vergonzantes y aberrantes de la Corte en su historia".
Acto seguido, el macrista Pablo Tonelli aplaudió el consenso alcanzado entre los distintos sectores políticos para que la norma sólo pueda beneficiar a aquellos que plantearon el recurso "durante el lapso de vigencia de la ley" mientras que "quienes antes o después de la vigencia de la ley no deberían verse beneficiado por la aplicación del 2x1".
Sin embargo, el jefe de la bancada kirchnerista, Héctor Recalde, volvió a la carga contra el fallo del máximo tribunal al sostener que "regresivo" y lo describió como "un perdón a los torturadores".
Diferente fue la opinión de Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) que justificó el fallo de la Corte al calificarlo como "correcto" y advirtió que "la justicia no es venganza".
"No nos podemos comportar como los genocidas, no le podemos mostrar a la sociedad que gente de 90 años esté hundida en una cárcel porque esto no responde a la humanidad", agregó, la legisladora.
Por su parte, el salteño Pablo Kosiner (bloque Justicialista) desafió a que "se exprese el Presidente de la Nación porque es importante conocer, para construir una política de Estado, el pensamiento de quien es la máxima autoridad votada por la voluntad popular del país".
Néstor Pitrola (Frente de Izquierda) sostuvo que este fallo de la Corte es como "una amnistía porque supera el indulto" porque supera en número los represores beneficiados y señaló que la medida "afecta el ejercicio de la democracia política".
El radical Ricardo Alfonsín envió un fuerte mensaje al gobierno al advertir que "no hay una transformación posible si no hay mayoría social dispuesta a acompañarla" y la falta de una condena oficial al fallo de la Corte "no lo va a acompañar la mayoría de los argentinos".
