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l juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Franco Picardi podrán contar en los próximos días con las primeras informaciones que llegarán desde el extranjero sobre el caso Odebrecht y las coimas que admitió haber pagado en la Argentina. Se trata de documentos que las autoridades de los Estados Unidos se comprometieron a enviar tras las gestiones realizadas en ese país por el ministro de Justicia, Germán Garavano, según dijeron a Clarín fuentes oficiales.
Mientras el intercambio entre los fiscales argentinos que viajaron a Brasil la semana pasada y sus colegas de ese país viene lento,Estados Unidos finalmente responderá a la solicitud que Martínez de Giorgi había pedido por exhorto el año pasado en el marco de una denuncia realizada hace más de un año por la diputada porteña Graciela Ocaña, ahora socia política del Gobierno en el espacio Cambiemos.
El juez argentino había remitido dos exhortos al país del norte. Uno de ellos era para confirmar la titularidad de una cuenta de correo electrónico de una empresa proveedora de ese servicio con sede central en los Estados Unidos. El otro exhorto está relacionado con el acuerdo alcanzado con las autoridades de ese país por la constructora Odebrecht, que admitió haber pagado coimas por todo el mundo y que en la Argentina alcanzaron los 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, prácticamente los dos mandatos de gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En ese segundo exhorto, según dijeron fuentes judiciales a Clarín, el magistrado pidió los antecedentes del acuerdo relacionados con los hechos bajo investigación en su juzgado, esto es el soterramiento del tren Sarmiento, obra en la que participa Odebrecht junto con otras firmas.
El Ministerio de Justicia dio una pista a través de un comunicado difundido anoche sobre las actividades de Garavano en los Estados Unidos. Allí se informó que el ministro estuvo reunido con funcionarios de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de ese país y que, entre otros temas tratados, se pasó "revista a los exhortos pendientes".
"Los funcionarios estadounidenses informaron al Ministro que uno de los requerimientos formulados por la justicia argentina fue respondido en el día de ayer", se añadió en el comunicado, donde también se aclaró que "en ninguna de las reuniones mencionadas se trató el contenido de causa judicial alguna".
Clarín pudo saber de fuentes oficiales que ese exhorto aludido en el comunicado es uno de los dos enviados por el juez Martínez de Giorgi. Este magistrado investiga desde marzo del año pasado una denuncia de Ocaña que señaló al detenido secretario de Transporte, Ricardo Jaime, como uno de los receptores de las coimas de Odebrecht.
La denuncia se basó en un informe de la Policía brasileña que lo identificó a Jaime, supuestamente a partir de correos electrónicos hallados en una computadora secuestrada en uno de los tantos allanamientos realizados en el marco del denominado Lava Jato brasileño.
Esa computadora era usada por uno de los ejecutivos de Odebrecht, Fernando Migliaccio, detenido en febrero del año pasado en Suiza cuando intentaba cerrar diversas cuentas bancarias. Allí estarían reproducidos intercambios de mails entre el principal asesor de Jaime, el también detenido Manuel Vázquez, y Mauricio Couri Ribeiro, directivo de Odebrecht en la Argentina. Se trataría de los mismos mails que fueron borrados de la computadora de este último cuando la Justicia allanó las oficinas de Odebrecht en la Argentina.
En uno de esos mails, Vázquez le reclamó a Couri Ribeiro que no se había acreditado una transferencia por 80 mil dólares que luego se efectivizó en la misma época en la que se había hecho la primera redeterminación del precio de la obra de soterramiento del Sarmiento, según consta en la denuncia de Ocaña basada en el informe policial brasileño.
Este primer exhorto que responderá los Estados Unidos sería el que pide a la empresa Microsoft identificar la titularidad de la cuenta de correo electrónico de Migliaccio, según interpretaron fuentes judiciales. Esa prueba ya está incorporada en las investigaciones realizadas en Brasil pero no en las causas que están abiertas en la Argentina.
