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El testimonio judicial de Jaime Mecikovsky, quien llegó a ocupar uno de los puestos más altos dentro de la AFIP hasta que lo desplazaron junto con otros funcionarios por investigar al poder, fue acompañado por copias de resoluciones internas de la AFIP, memorandos e incluso correos electrónicos impresos que confirmaban sus dichos.
En ellos quedan mencionados como supuestos partícipes de las maniobras la ex presidenta Cristina Kirchner —siempre nombrada como “la Señora”—; el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; el ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, entre otros.
En el escrito que Mecikovsky presentó ante el juez Casanello describió que la protección oficial que recibió Báez no sólo provocó su desplazamiento y el de otros sabuesos de la AFIP que lo investigaban, sino que también implicó reformas de la normativa del organismo para beneficiar al presunto testaferro de los Kirchner, o incluso, la sanción de la ley 26.476 de moratoria y blanqueo del Congreso, mientras Claudio Moroni se encontraba al frente de la AFIP.
“Moroni fue un entusiasta impulsor del blanqueo de 2009 que se dictó para limpiar los casos vinculados a Lázaro Báez”, afirmó Mecikovsky.
Desde el Tesoro intentarán recuperar las propiedades
El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, consideró “muy útil” al proyecto del oficialismo que apunta a recuperar activos en los casos de defraudación al Estado.
“Intentaremos recuperar para el Estado las propiedades de Lázaro Báez o de cualquier otra persona que haya defraudado las arcas públicas, para después sacarlos a remate”, anticipó.
“El nuevo proyecto establece un mecanismo completamente distinto al del Código Penal y mucho más eficaz”, ponderó Balbín, y detalló que “la Unidad de Información Financiera, con una investigación preliminar, identificará al bien adquirido con dinero ilícito, y nosotros, en la Procuración del Tesoro, impulsaremos el juicio”.
“Con la futura ley, el Gobierno no necesitará iniciar un juicio penal ni esperar una condena” para avanzar contra un patrimonio adquirido de manera ilegal, señaló, ya que “bastará con que el Gobierno —la Procuración del Tesoro— presente una demanda civil ante un juez federal civil y comercial”
