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ras la detención del ex secretario de Obras Públicas, José López, la causa Sueños Compartidos que se inició en 2011 avanzó varios pasos. Ayer, el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi ordenó la citación a indagatoria de Julio de Vido, de su segundo ahora preso, de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini y los hermanos Schoklender, entre otros 43 sospechosos.
Incluso, el magistrado reclamó la indagatoria de gobernadores y ex gobernadores provinciales. Entre ellos, Gerardo Zamora, Jorge Capitanich y Maurice Closs (que como diputado renunció al bloque del Frente para la Victoria).
Di Giorgi consideró en su escrito: “Las notas apuntadas permiten reconstruir una hipótesis delictiva, según la cual Sergio y Pablo Schoklender, valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, habrían utilizado a la fundación de la cual eran apoderados para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal para la construcción de viviendas sociales, parte de los cuales habrían detraído luego de su destino específico, con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado”.
Di Giorgi incluso citó a dos ex funcionarios porteños.
La causa se inició por la adjudicación directa de la construcción de viviendas sociales a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, luego del escándalo que se desató por la denuncia de Schoklender a esa entidad. El Gobierno había contratado a la firma Meldorek SA con presuntos sobreprecios. El juez agregó que días atrás se terminaron de auditar todas las obras bajo esa modalidad, incluyendo las de Chaco y Río Negro.
