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a investigación que derivó en la detención del comisario mayor de la Policía de Misiones y un cómplice, involucrados en el contrabando de vehículos robados al Paraguay, los tiene más que comprometidos. Pero, más allá de eso, los pesquisas están seguros de que hay más personas involucradas en la logística.
El miércoles se confirmó que la firma de una persona aparece en el expediente de forma repetida y si bien no se ha determinado si está involucrada o no, no deja de sorprender y causar suspicacias, según admitieron fuentes ligadas a la investigación consultadas por este medio.
De acuerdo a los voceros consultados, la firma le corresponde a un magistrado perteneciente al fuero penal de esta ciudad.
Como informó este medio, los vehículos que llevaba el funcionario Daniel Guillermo López eran robados -todos de La Plata-, pero el policía tenía una autorización judicial para circular en ellos. Todas esas autorizaciones tenían al pie la firma del mencionado magistrado.
Según se sospecha, el juez designaba los vehículos como depositario a una asociación sin fines de lucro y desde ese organismo autorizaban al uniformado sospechado para que los pueda manejar. Así, los coches circulaban sin sobresaltos y eran llevados al país vecino.
Sin embargo -aclararon las fuentes-, puede suceder que la rúbrica del magistrado, o todos los documentos, sean truchos.
De todas formas, son las autoridades del Juzgado Federal de Posadas quienes deberán deslindar responsabilidades en relación a este punto.
La investigación
El Territorio pudo indagar que la pesquisa llevada adelante por la Dirección de Narcotráfico de la Dirección General de Aduanas empezó en marzo de este año, a partir de una incautación de más de 300 kilogramos de marihuana en un país limítrofe. Es así que el intercambio de información permitió llegar al policía. Fue el principio de todo.
No se necesitó mucho para descubrir luego que la maniobra estaba llena de falencias y demostraba que se manejaban con mucha impunidad –o al menos eso pensaban-.
Mediante los registros de Migraciones se pudo establecer que el propio López cruzó cerca de cinco coches por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz que une Posadas con Encarnación. Algunas veces lo hacía solo, pero en otras ocasiones en los registros también figura Carlos Elorza, como acompañante, quien sería un familiar del policía. Elorza tiene una especie de cementerio de vehículos sobre la avenida Almirante Brown y estaría encargado de acondicionar y arreglar los coches. Fue detenido en la vía pública.
Como se detalló en la edición de la víspera, además se realizó un operativo en la oficina del efectivo en la Jefatura de Policía –donde también se lo detuvo– y en su vivienda del barrio Villa Sarita. Tras los procedimientos, los agentes de Aduana y efectivos de Inteligencia Criminal de Prefectura Naval Argentina (PNA) incautaron varias patentes, documentación vehicular y tres rodados: un Volkswagen Bora, un Volkswagen Golf y una Renault Duster.
Además, se supo que en contra del uniformado incluso habrían registros fílmicos y también escuchas telefónicas que lo complicarían severamente.
Con todos estos elementos, cerca del mediodía de ayer los dos detenidos caminaron por los pasillos del Juzgado Federal ubicado sobre la avenida Mitre, donde le notificaron las pruebas en su contra de la causa caratulada en principio como “asociación ilícita en concurso real, encubrimiento y falsificación de documentos públicos”.
“Estamos trabajando en la investigación”
El que se refirió a la delicada situación del comisario investigado por la Justicia Federal de Posadas fue el jefe de la Policía, Manuel Céspedes, quien en primera instancia aclaró que no fue un allanamiento el procedimiento realizado por la PNA en la Jefatura de Policía, ya que fueron las propias autoridades policiales quienes pusieron a López a disposición de la jueza federal a cargo de la investigación.
“Nosotros ya estábamos al tanto de esta situación y hemos colaborado en ese marco con las fuerzas federales en la investigación y no es que nos sorprende ni nada de eso, sí que estamos trabajando en la investigación de qué nexos hay con esta persona, si hay otro policía implicado y desde cuándo estaba en esta actividad”, resaltó Céspedes en diálogo con Radioactiva.
Al ser consultado por la supuesta utilización de vehículos en depósito judicial que luego eran enviados al Paraguay, Céspedes sostuvo que: “De ninguna manera eso está probado en el expediente, ni nosotros tenemos esa información, no sé de donde se desprende eso y eso es grave porque estamos hablando de autos que están a disposición de la Justicia en la Policía o en otras instituciones de fuerzas de seguridad. Lo que sí se lo investiga es por el pase de algún tipo de vehículos de procedencia ilegítima que lo haría en participación de civiles y fuera de su actividad policial”.
“Era una tarea que él hacía por fuera de la Policía. Acá no hay autos incautados que se estuvieran pasando de cualquier modo, la verdad que desconozco todo eso y la verdad que la detención se debe a un oficio judicial librado por la jueza federal y que investiga un hecho de contrabando de vehículos de procedencia ilegal, es otra cosa, y es lo que nosotros tenemos conocimiento”, agregó. Por otra parte, añadió que el uniformado no era director general de Seguridad, sí que pertenecía a esa área pero que actualmente no estaba cumpliendo funciones allí dentro y que estaba pronto a obtener el pase a retiro.
Fuente: El territorio.
