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l empresario Cristóbal López se entregó en el edificio Centinela de Gendarmería, tras la orden de captura que libró el juez federal Julián Ercolini contra él y su socio Fabián de Sousa.
La investigación es por la evasión de unos 8 mil millones de pesos por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), que le retenían por el expendio a través de su petrolera Oil Combustibles.
Poco después de emitida la orden del juez, pasadas las 16:00, fue arrestado a De Sousa en su departamento de Puerto Madero y alojado en el Edificio Centinela, en la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales. Allí mismo, por la noche, se entregó López.
Mientras, las fuerzas de seguridad aún buscaban a López: no fue hallado en su domicilio de la calle Macacha Guemes, también en Puerto Madero, por lo cual se emitió una orden de captura y la Policía lo rastreaba en todo el país.
Recientemente la Cámara Federal de Casación Penal determinó que es competencia federal la causa, que se inició por una denuncia en marzo de 2016: Ercolini había considerado que debía intervenir la justicia en lo penal económico y, en función de ello, dictó los procesamientos por el delito de administración fraudulenta por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.
Desde hace meses pesaba sobre López y De Souza una inhibición general de bienes, confirmada por el juez, quien ahora fundó la prisión preventiva en que los empresarios intentaron violar esas medidas cautelares con el movimiento de las empresas.
"A partir de estos parámetros cabe tener en cuenta que en estas actuaciones existe un serio peligro de obstrucción de la investigación, a través del comportamiento hostil de los imputados frente a las medidas de carácter patrimonial ordenadas", señaló el juez en su fallo.
En ese sentido, aseguró que "se ha engañado sostenidamente" al Juzgado, a la Fiscalía actuante, a la AFIP en su doble condición de parte querellante y actora civil y a los veedores designados en este proceso, "ante la posible realización de actos fraudulentos deliberados orientados a la inducción a errores procesales para perjudicar a terceros; teniendo en cuenta también que los imputados, con la posible participación de otras personas, hubieran vendido como libres bienes cuya disposición habría sido inhibida por acto judicial".
Al respecto, remarcó el Juzgado que existió "el cambio de domicilio de Oil Combustibles SA para sustraerse de la acción judicial -a fin de presentar su concurso preventivo en la jurisdicción de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut- y la posibilidad de venta exteriorizada respecto del Banco Finansur SA".
