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a Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná, presenta un comunicado de alerta, en referencia a la grave situación de las intrusiones a las propiedades privadas, que está ocurriendo en la provincia de Misiones, generando una irregularidad legal que se arrastra desde hace años, agravada por el lento accionar de la justicia y las fuerzas públicas, en perjuicio de los derechos de los propietarios de la tierra, inversores y creadores de trabajo en muchos casos; instalando incertidumbre jurídica constante, onerosos costos legales, gran pérdida de productividad de dichas tierras y desaliento a la inversión privada en la provincia.
Haciéndonos eco de la relevancia pública y mediática, que tomó en los últimos meses el conflicto de tierras en la localidad de Colonia Delicia, entre pueblos originarios por un lado, colonos, pequeños productores y empresarios por otro, es que hacemos un especial énfasis en este problema, generado a partir de la ley 26.160, (que impide desalojar comunidades originarias y ordena la realización de un relevamiento territorial por parte del INAI), el cual sigue sin resolverse creando preocupación e incertidumbre, sobre la situación legal actual y futura, de las propiedades privadas en Misiones.
Este conflicto tomó conocimiento público, luego de la presentación de 3 carpetas técnicas de relevamientos territoriales, realizados por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), el cuál concede derecho de uso a 3 comunidades de las ya 5 existentes en la localidad, en un territorio que abarca 1.080 hectáreas, afectando innumerables propiedades privadas, pequeñas chacras, plantaciones, e incluso espacios destinados para uso de bien público. Entendemos que solo una comunidad se encontraría sobre un terreno legalmente formalizado, pero las restantes 4 se apropiaron en forma irregular de terrenos privados, en los que los legítimos dueños se ven totalmente desprotegidos, ya que sobre estas intrusiones no se puede actuar, porque la ley 26.160 aparentemente no permite su posterior desalojo. Y así cada vez son más las familias, cada vez son más las comunidades, algunas se formaron hace 12 años, otras hace 5, otras surgieron hace menos de 6 meses.
De acuerdo a información de algunos de nuestros asociados, se estima que ya se han elaborado más de 50 relevamientos de tierras, con el fin de instalar nuevas comunidades de aborígenes, en distintos puntos de la provincia. Los propietarios afectados no han sido notificados de forma oficial, por lo cual urge que se de conocimiento público de las posibles nuevas planificaciones, revelando dicha información de todos los relevamientos realizados y a realizarse, dando a conocer a su vez las medidas a de protección hacia la propiedad privada.
El derecho de uno termina donde comienza el del otro, los pueblos originarios tienen derecho a los sitios que histórica y fehacientemente han ocupado, pero no sobre terrenos donde se han instalado ilegalmente, en forma reciente y apañándose en una Ley que supuestamente, según ellos, les otorga la propiedad. Sostenemos, que el derecho a la propiedad privada anterior a la intrusión por parte de estas comunidades, debe ser respetado.
En el conflicto de Colonia Delicia, aún no se sabe cuál es la solución, ni siquiera se conoce la real situación del problema. La ley permite que los indígenas transiten libremente por todos los terrenos privados, y les otorga derecho de uso (pescar, cazar, cosechar, talar, etc.) y si quisieran, podrían crear un nuevo asentamiento y la ley 26.160 no permitiría el posterior desalojo, en cambio a los legítimos dueños no se les da ninguna seguridad, no saben si perderán su tierra, si tendrán que compartirla, si se las expropiará y si esto ocurriera, no saben ni cómo ni cuándo se hará. Es más, como son “dueños registrables”, el estado les exige seguir pagando los impuestos por tierras que en la realidad no las pueden usar. Con esta realidad no existe seguridad jurídica, no se puede proyectar a futuro, no es posible planificar inversiones.
Solicitamos dar a conocer el contenido de los 50 relevamientos territoriales realizados, para que los pueblos originarios puedan tener sus tierras, pero bajo ningún punto sean sobre el derecho, que tienen los legítimos dueños a la propiedad privada.
