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a Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció un régimen más férreo de controles a empresas que giren dinero al exterior, en un intento de frenar la fuga de capitales y desarticular mecanismos con los que grandes compañías suelen eludir pagos del impuesto a las Ganancias.
La Resolución General 4717/2020, publicada este viernes en el Boletín Oficial, establece precios de transferencia y nuevos requisitos que las compañías que operen con empresas vinculadas radicadas en el exterior y con “países no cooperantes” o de baja tributación (es decir, paraísos fiscales) deben cumplir para transferir divisas.
Las grandes compañías acuden a complejas estructuras societarias para pagar menos impuestos, a nivel global. Esto se intensifica en países con fuertes controles de capitales, como la Argentina. En estos casos, además de reducir la carga impositiva, las grandes compañías buscan mecanismos para atravesar el cepo cambiario y girar divisas al exterior.
Así, por ejemplo, toman protagonismo el pago de regalías o la contratación de servicios de empresas vinculadas del exterior: un pago a una casa matriz o a una sede radicada en otro país de la misma multinacional, por ejemplo. La sospecha de la AFIP es que estas operaciones pueden sobrefacturarse para girar dólares y, además, disfrazar las ganancias de las compañías: si la sede local paga más a la del exterior, tributará menos Ganancias en la Argentina y presentaría mejor balance en los países con menor carga tributaria.
Según estimaciones de la United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) citadas por AFIP en un comunicado, la Argentina pierde ingresos equivalentes al 4,42% del PBI por año como consecuencia de “las técnicas de planificación fiscal nociva utilizadas por las grandes corporaciones”. Zambia, Guyana, Chad, Malta, Pakistán, Islas Comoras y Guinea son los únicos países del mundo que superan la media argentina.
La Resolución General establece requisitos para girar dinero a las firmas vinculadas en concepto de marketing, publicidad y promoción. También intensifica los controles en transacciones vinculadas a investigación y desarrollo. Aquí, la AFIP estudiará si la sede local “participa en la toma de decisiones estratégicas” y, por lo tanto “debería participar en las ganancias” de la investigación.
La normativa de Mercedes Marcó del Pont refuerza controles en las operaciones de importación y exportación de bienes entre partes independientes cuando, en conjunto, superen los $10 millones por periodo fiscal. Y amplía la obligación de presentar el Estudio de Precios de Transferencia cuando las operaciones sean de $30 millones o más por periodo fiscal. Estos informes también deberán presentarse cuando la contraparte esté radicada en un paraíso fiscal.
La AFIP busca así limitar la sobrefacturación de importaciones (para conseguir más divisas al tipo de cambio oficial) y la subfacturación de exportaciones (para no ingresar todo el monto al dólar mayorista menos retenciones).
Las multinacionales con ingresos anuales superiores a los 2000 millones de pesos tendrán que presentar, además, un “Plan Maestro” con información pormenorizada sobre ingresos, beneficios e impuestos obtenidos en cada jurisdicción fiscal. Esto, dijo AFIP, se encuentra “en línea con las recomendaciones” del plan de acción contra la erosión de la base tributaria y el desvío de utilidades de la OCDE y el G-20.
Cepo reforzado
El Gobierno avanzó en el último tiempo con mayores controles a las empresas, con un ojo puesto en la fuga de capitales. Este lunes, la AFIP devolvió precios de referencia a las exportaciones, para evitar operaciones de subfacturación.
El Banco Central, a su vez, busca acotar las operaciones de dolarización vía “contado con liqui” y “dólar bolsa”. Si bien estas no erosionan las reservas de manera directa, operan sobre las expectativas. Con un “contado con liqui” en torno a los $125, los incentivos para retener exportaciones a la espera de una devaluación son mayores y la oferta de divisas cae. Entonces, para contener el dólar, la autoridad monetaria debe vender más reservas.
Tanto la AFIP como el Banco Central dicen que buscan revertir las políticas más laxas del gobierno de Mauricio Macri. El BCRA, por caso, publicó este jueves un informe en el que aseveró que “el conjunto de políticas económicas que se aplicaron desde diciembre de 2015 facilitaron la fuga de capitales por más de U$S86.000 millones y crearon las condiciones para la irrupción de un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento externo”.
La entidad que preside Miguel Pesce aseveró: “El incremento de la formación de activos en el exterior de los residentes fue el resultado de un profundo cambio de paradigma impuesto por la política cambiaria, monetaria y de endeudamiento tendientes a una desregulación de los mercados que impulsó el gobierno de Mauricio Macri”.
Los datos del BCRA concentran en 100 agentes económicos compras de divisas por U$S24.679 millones (el 28,7% del total) y en los diez principales, U$S7945 millones. Pero dan cuenta de lo extendida que fue la dolarización.: 6.693.065 personas y 85.279 empresas compraron dólares en los últimos cuatro años.
