El Gobierno quiere agilizar la investigación de ilícitos como el narcotráfico y hechos de corrupción

ncabezada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, se realizó ayer una jornada para avanzar en los consensos para la implementación del nuevo Código Procesal Federal. El titular de la cartera mantuvo una reunión de trabajo junto a autoridades de los poderes Judicial y Legislativo, en el marco de la comisión Bicameral en el Congreso donde se trata la iniciativa.

El proyecto fue presentado ante el Senado en octubre de 2016 y será debatido este año en el Congreso. La convocatoria tuvo entre sus objetivos principales el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los actores que participarán en el proceso de su aplicación para avanzar hacia un plan de acción eficaz.

De la mesa "Consensos por el nuevo Código Procesal Penal Federal" participaron el presidente de la comisión bicameral especial, Rodolfo Urtubey; el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas; el juez Julián Ercolini en representación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el titular interino de la Procuración General, Eduardo Casal; y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.

Durante el encuentro, Garavano lanzó además los objetivos para este año del Eje Penal del Programa Justicia 2020. "La instrumentación del nuevo Código Procesal Penal Federal supone un profundo cambio en el sistema judicial, que implica un antes y un después en la forma de tramitar una causa penal, es por ello que se hace imprescindible contar con la puesta en común de un criterio federal para la elaboración del plan de implementación", sostuvo.

La iniciativa busca modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales, a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, la trata de personas y el crimen organizado en general. Según anticiparon las autoridades de la cartera de Justicia, la implementación del nuevo código llevará de cinco a siete años y se aplicará progresivamente primero en el norte del país, luego en el sur y por último en el centro.

Con el nuevo sistema los fiscales tendrán un rol más destacado conduciendo y dirigiendo la investigación. El proyecto prevé la incorporación de tecnología, la gestión electrónica, técnicas modernas de investigación criminal y la toma de decisiones a través de audiencias orales y públicas. Esto permitirá que los procesos sean más rápidos, sencillos y transparentes poniendo a la víctima en el centro.

Además, formaron parte de la mesa de trabajo el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi; el presidente de la Cámara Federal de Salta, Ernesto Sola Espeche y su par de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier María Leal de Ibarra; la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, María Lilia Díaz Cordero y el titular de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, Julio Piumato.

También el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; el jefe Gabinete de la cartera, Martín Casares; el subsecretario de Política Criminal, Juan José Benítez; el representante del ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache; y representantes del Colegio Público de Abogados, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y de las Asociaciones de Fiscales y Defensores Nacionales, de los tribunales orales federales, de los juzgados federales y de las fiscalías de las provincias donde comenzará la implementación, y otros funcionarios de la cartera de Justicia.