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or dicho proyecto de ley se suspenden “hasta el 31 de diciembre de 2019, las ejecuciones de sentencias que tienen por objeto ordenar el desalojo o remate de inmuebles destinados a vivienda única y familiar y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a ocho (8) años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados”. Asimismo se precisa que “la vigencia de la suspensión por el plazo señalado está sujeta a que los beneficiarios acrediten en el expediente judicial que se encuentran empadronados conforme lo prevé el Artículo 6 antes del 28 de mayo de 2019.”
En el artículo segundo, además, se faculta “al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional a dictaminar fundadamente respecto de los supuestos que ameritan soluciones por parte del Poder Ejecutivo provincial con excepción de las personas mencionadas, debiendo
en todos los casos respetar y cumplir con las normas de fondo y procesales vigentes”.
