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ras una condena a siete meses de prisión por violencia de género, el concejal Pablo Carrizo de la ciudad cordobesa de Río Cuarto fue expulsado del cuerpo deliberativo. Así, tras un juicio abreviado donde admitió los hechos denunciados por su ex esposa, el hombre del partido Política Abierta para la Integridad Social (PAIS) tuvo que dejar su banca.
Según informaron fuentes del Concejo Deliberante, la condena fue acordada entre la defensa del acusado y la fiscalía en un proceso a cargo de la Cámara Sexta del Crimen de la ciudad de Córdoba.
Carrizo había sido denunciado en noviembre de 2019 por su entonces pareja, quien estaba embarazada. En consecuencia se lo condenó por ‘lesiones leves calificadas por el vínculo”, y recibió la pena de 7 meses de prisión en suspenso.
De esta manera, luego del juicio, el Concejo Deliberante aplicó las sanciones disciplinarias internas parlamentarias, lo que derivó en la expulsión del condenado que dejó así de pertenecer al cuerpo deliberativo municipal de Río Cuarto.
Para ello, se aplicó lo establecido en el artículo 71 de la Carta Orgánica Municipal, por incurrir en ‘indignidad’, ya que en el juicio abreviado admitió los delitos de violencia de género por los que se lo acusaba.
Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Darío Fuentes sostuvo que es una expulsión en virtud de la normativa vigente. “El concejal reconoció haber ejercido violencia de género sobre su ex compañera de vida”, dijo en diálogo con Cadena 3.
“Apenas tomamos conocimiento a través de los medios de la condena, nos dirigimos a la Cámara para solicitar el acto resolutivo en el cual el concejal ha admitido y confesado haber ejercido violencia de género. Tomamos en cuenta el artículo de la Carta Orgánica que hace alusión a la indignidad en el ejercicio de la función pública. El reconocimiento de Carrizo no deja absolutamente ninguna duda. La resolución fue votada por unanimidad, por los 17 concejales que la impulsaron”, afirmó Fuentes al hablar con medios locales.
Mientras tanto, Mariela Gatica, la titular de la comisión de Género, expresó su visión sobre la condena: “Es un mensaje para que todas las personas víctimas de violencia tengan la fuerza necesaria y sepan que el Estado los acompañará para salir de su círculo de violencia”.
“La política para nosotros es una herramienta de transformación social, muchas veces mal vista o denigrada. La queremos poner en valor porque es la única herramienta para llevar adelante la sociedad que queremos. No tiene que tener lugar para los violentos”, cerró.
Al momento de fundamentar su decisión, los concejales oficialistas y de la primera minoría expresaron, en una suerte de metáfora, un mensaje de repudio: “La violencia no tiene banca”.
“Se trata de ratificar lo actuado en los últimos años por el parlamento local en materia de posicionamiento con perspectiva de género, la lucha contra la violencia contra las mujeres”, dijo Fuentes.
Así el condenado cierra un proceso que comenzó en 2020, cuando fue electo concejal en las elecciones del 29 de noviembre de ese año, tenía mandato hasta fines de 2024.
Carrizo comenzó su carrera política desde joven. A los 17 años realizaba trabajos sociales en sectores vulnerables, luego creó el movimiento Trabajo de Hormigas. Así siguió hasta ser candidato a concejal del Movimiento Socialista de los Trabajadores y de Unidad Popular, aunque recién logró su primera banca en 2016.
Luego, en 2020, volvió a ser elegido concejal, cuando se presentó con el sello del partido País (Frente de Política Abierta para la Integridad Social).
Ahora, su lugar será ocupado por Santiago Pérez, dirigente de un centro de jubilados que lo sucedía en la lista de su partido.
