La Corte recordó que en el precedente “Schiffrin” del año 2017, cuya mayoría estuvo conformada por los Dres. Maqueda, Rosatti y Lorenzetti, se restableció la validez constitucional que fijaba el límite de los 75 años y la necesidad de un nuevo acuerdo del Senado para mantenerse en el cargo, en caso de alcanzar dicha edad. Por su lado, el Dr. Rosenkrantz en dicho precedente firmó en disidencia, considerando que dicho límite era inconstitucional.
La decisión del máximo tribunal se conoció mientras se encontraba reunido el plenario de la Cámara de Casación para debatir sobre la licencia de Figueroa. El encuentro comenzó 13.30 y la jueza proponía tomarse licencia y renunciar si a fin de mes no lograban el acuerdo en el Senado. En la reunión se resolvió un cuarto intermedio hasta las 16.30 y fue entonces cuando se conoció la resolución.
Este desenlace representa un duro revés para la vicepresidenta Cristina Kirchner, y sus hijos, en la causa Hotesur-Los Sauces que tenía Figueroa. De esta manera, la Corte cortó la negociación que tenía CFK en el Senado. El oficialismo en la Cámara Alta estaba buscaba sin éxito conseguir quórum y lograr extender a la jueza en sus funciones.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/MP5N22W2QYETBZLBE3BA4LZAHA.jpg)
Desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires habían pedido que deje su cargo. “Debe irse y su cargo debe concursarse para ser cubierto”, manifestó días atrás Jimena de la Torre. Según su postura, la Constitución es clara sobre la edad límite para continuar ejerciendo. Ahora, pidieron “la urgente convocatoria a concurso para cubrir la vacante producida en la Cámara Federal de Casación Penal el día 9 de agosto de 2023, fecha en la cual la Dra. Ana María Figueroa cumplió setenta y cinco años de edad, sin haber recibido un nuevo acuerdo del Senado para continuar con sus funciones”.
Este mismo miércoles se presentó una denuncia penal contra Figueroa, que alcanza también al ministro de Justicia, Martín Soria, a raíz de la situación irregular en la que se encontraba la magistrada. La presentación lleva la firma de los diputados nacionales Fernando Carbajal, Pedro Galimberti y Jorge Rizzotti.
“No solo continúa ejerciendo ilegalmente el cargo, sino que, además, habría cobrado la ‘compensación’ por ‘sus servicios’ previsto en el artículo 110 de la Constitución Nacional correspondiente al mes de agosto del año 2023 pese a que desde el 9 de agosto ha perdido el carácter de funcionaria pública y cesado de pleno derecho en el cargo para la cual fue designada”, afirmaron los legisladores en la presentación judicial.
