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or la cuestión, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, instruyó a la Policía de Misiones a realizar una denuncia penal contra el prefecturiano, la cual quedó radicada en el Juzgado de Instrucción Nº3 a cargo del magistrado Fernando Verón de Posadas, según confirmaron fuente gubernamentales al diario Primera Edición.
Según trascendió, la causa recayó en el Juzgado de Instrucción 3 a cargo del juez Fernando Verón.
Entre esas mismas fuentes y el intendente de San Ignacio, Javier Peralta, se logró reconstruir cómo se habrían dado los hechos hasta terminar con la judicialización del caso, que generó un fuerte malestar en el Gobierno misionero.
Dos análisis en pocos días
El efectivo que prestaría servicios en la dotación de Dock Sud, en Buenos Aires, tiene 21 años. Haciendo uso de su licencia anual reglamentaria y con vehículo propio, decidió viajar desde Buenos Aires hasta Misiones para visitar a sus padres.
Ingresó a la tierra colorada por el destacamento de control de El Arco a las 00.50 del lunes 20 de julio según lo indicó el intendente Peralta.
En dicho control, habría presentado un análisis IgG para COVID-19, con membrete del “Servicio de Laboratorio de la Clínica Prefectura Naval Argentina”, ubicada en la ciudad de Buenos Aires. En el mismo, fechado el 14 de julio a las 11.15 horas, el resultado fue “negativo”. Como habían pasado más de las 48 horas que exige la normativa que estableció la obligatoriedad de tener un análisis COVID negativo, se le informó que debía aislarse hasta realizar otro test.
Según fuentes policiales, el joven fue escoltado por efectivos de San Ignacio hasta un departamento donde fijó domicilio para la cuarentena.
Según el intendente Peralta, quedó registrado su ingreso a la ciudad a la 1.30 de la madrugada del mismo lunes.
Horas después, aproximadamente a las 15, el padre del joven y comerciante de San Ignacio, informó al jefe comunal que su hijo había recibido el resultado de un segundo análisis pero esta vez de un laboratorio privado de Buenos Aires, con resultado “detectable”, es decir positivo para COVID-19.
Primera Edición pudo saber que el resultado le llegó al prefecturiano de manera digital.
El Gobierno misionero obtuvo luego copia del mismo, realizado en el “Laboratorio Dr. Rapela” de la Ciudad de Buenos Aires, fue un PCR con fecha 17 de julio (es decir, previo a su viaje a Misiones).
Se supo que habría sido el propio ministro de Gobierno Marcelo Pérez, quien solicitó telefónicamente al efectivo de la fuerza federal que le informe del mismo. Así, se habría remitido una captura de pantalla previa para obtener las primeras informaciones.
Denuncia penal
El propio ministro Pérez instruyó a la Policía misionera a presentar una denuncia penal ante el juez de instrucción en turno, a fin de averiguar si existió algún tipo de ilícito o contravención a las normas provinciales sanitarias, concretamente a la del “Pasaporte Sanitario”.
Hasta el martes, mientras se continuaban las averiguaciones, quedaban muchas dudas respecto a si el joven prefecturiano habría informado en el puesto de control policial de ingreso a Misiones, tanto al personal de Salud como de la Policía, que la segunda prueba en un laboratorio privado estaba en proceso.
Lo cierto hasta el momento, siempre en base a los análisis que el mismo denunciado presentó, es que entró a la provincia ya contagiado con COVID-19. Y que, con tres días de diferencia entre un análisis IgG y el PCR, habría contraído el Coronavirus en Buenos Aires.
El hombre se encuentra aislado en el domicilio declarado, asintomático y con controles policiales para el cumplimiento de la medida. En las próximas horas se le realizará un hisopado para ser analizado por el LACMI, que ayudará a determinar si la prueba en el centro privado fue certera.
Además los padres del mismo habrían informado al Comité de Crisis de San Ignacio que se someterían al mismo aislamiento por 14 días, tal como establece el protocolo en la tierra colorada.
