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n diálogo con RADIO STOP Domingo Paiva, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera, contó que la preocupación entre los trabajadores de la madera crece día a día. Por la crisis económica y la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Trabajo de la Nación no contó con los tiempos administrativos para homologar el acuerdo salarial de la última revisión de paritarias que cerraron en febrero del corriente año entre el sector empresario representado por la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) y el gremio Unión de Sindicatos de la Industria de la Madera de la República Argentina (USIMRA).
En el acta firmada se indica que «se posterga la aplicación el 9% establecido en tres tramos de 3% c/u, en los meses de febrero, abril y mayo 2020, los que deberán imputarse a los meses de octubre, noviembre y diciembre respectivamente de 2020. En el caso de que el empleador haya abonado el primer tramo del 3% desde el mes de febrero a la fecha (mayo), el mismo quedara integrado como parte del salario básico a todos sus efectos constituyendo un derecho adquirido. En el caso de que el empleador hubiere abonado el siguiente tramo, ello no generara derecho a deducir el importe por tal concepto a efectuado en ninguno de los pagos futuros», informaron desde USIMRA.
Por esta razón y previas negociaciones en el marco de la cuarentena, se acordó entre las partes suspender el pago de un incremento del 3% de abril y 3% mayo, y se posterga para percibir ese aporte remunerativo en septiembre con la condición de que no existan despidos. Hasta el momento los trabajadores percibieron el aumento de marzo quedando pendiente la segunda quincena de abril y mayo que es lo que se posterga hasta septiembre.
La pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores es cada vez más pronunciada, y esta noticia los golpea en el marco de una situación económica crítica por la que se atraviesa, ya que habría menos horas extras para compensar el salario.
Paiva hizo mención al aporte o asistencia por parte del Estado Nacional para las empresas madereras que durante la pandemia estuvo parada solamente la última semana de marzo.
“Están las empresas que cumplen, hay muchas otras donde la patronal paga como quiere, en cuotas, o menos de lo que corresponde al operario. Hay muchas irregularidades en la zona norte que de continuar tendremos que pedir la intervención del Ministerio de Trabajo para regularizar la situación laboral de la industria de la madera, ya que en el marco de la pandemia hay muchos que se aprovechan, es un manoseo al derecho del trabajador” expresó en clara alusión a varias empresas, aunque por el momento prefirió no dar nombres.
Paiva se refirió a cómo se trabajó desde el inicio de la pandemia y a la asistencia del Estado a las madereras a través del Programa de Asistencia en la Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). A través de dicho el Gobierno nacional asistió a más de 244 mil empresas de hasta 200 trabajadores, a las cuales les garantizó un promedio del 64% del salario neto.
“Los primeros 10 días de la cuarentena fue la peor etapa la que estaba todo parado. Ya en abril desde el día 2 se empieza a trabajar los que estaban exportando y desde el 6 se reiniciaron las tareas. Las empresas pidieron el subsidio y lograron acceder, esto quiere decir que no hay motivo para plantear pagos por ejemplo en cuotas”.
“La empresas están funcionando, están vendiendo sabemos que hay inconvenientes pero están trabajando. El trabajador tiene que percibir lo que le corresponde, las empresas tuvieron beneficios como por ejemplo de energía lo que el trabajador no tiene, ni siquiera algunos cuentan con movilidad para llegar al trabajo”.
En cuanto a las irregularidades detectadas por el Sindicato Paiva adelantó que evalúan presentar una nota al ministerio de trabajo. “Son muy pocas las empresas que están cumpliendo, lamentablemente son el mínimo”. Para finalizar también mencionó que hay empresarios que no están cumpliendo con el Decreto 14-20 que establece un incremento solidario uniforme para todos los trabajadores privados que consiste en una suma fija de $ 4.000.
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