Prestadores, Familiares y Personas con Discapacidad solicitaron al Ministro de Salud intervención en el recorte al área

OMUNICADO:

AL MINISTRO DE SALUD

DE LA PROVINCIA DE MISIONES

DOCTOR OSCAR ALARCON:

S____________/_____________D:

                                                            El Colectivo de Prestadores, Familiares y Personas con Discapacidad venimos a solicitar que por su digno intermedio, se gestione, vehiculice y solucione la problemática que nos involucra a todos los abajo firmantes.

La falta de regulación de honorarios a los Prestadores de Personas con Discapacidad en las diferentes Obras Sociales, conlleva a la suspensión de las atenciones y servicios que fueran ofrecidos en las instituciones antes nombradas hasta el mes de agosto del corriente año, desestimándose lo expuesto en el Art. N° 2 de la  ley de discapacidad 24.901, que versa: “las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el art 1° de la ley 23660 tendrán a su cargo en carácter OBLIGATORIO la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas. Citando también  en el Art. N° 8, la función que deberá cumplir el Poder Ejecutivo en la aplicación de dicha Ley: “El Poder Ejecutivo propondrá a las provincias la sanción en sus jurisdicciones de regímenes normativos que establezcan principios análogos a los de la presente ley”.

El circuito inicial que debe llevar en paralelo paciente, familia y prestador es la peregrinación en cada una de las Obras Sociales para armar las carpetas de tratamiento, plagadas de requisitos burocráticos, que no hacen más que dilatar el inicio de las atenciones, siendo en muchas ocasiones rechazadas bajo el fundamento de faltantes  de documentación en las  unidades centrales recientemente designadas como sector SUR-Discapacidad de cada Obra Social, debiendo ser obligación de la auditoria de cada delegación del interior constatar la documentación antes de que llegue al último eslabón de la cadena y sea rechazada después de meses de ser presentada, constituyendo ello otra vulneración de los derechos tanto de los pacientes/Afiliados como de los prestadores de servicio/trabajadores del sector.

Por lo anteriormente expuesto, exigimos:

• Que las Obras Sociales, respeten y efectivicen los pedidos efectuados por los médicos tratantes en cuanto al armado de Dispositivos de tratamiento, Terapias necesarias y sesiones afectadas en cada caso, en los plazos correspondientes y bajo Auditorias que den la celeridad que los casos ameritan.
• Regulación de pago a los Prestadores a mes de vencido y con honorarios dignos y acordes a la formación y dedicación que cada profesional ofrece en su atención al paciente con discapacidad.
• Rechazo firme, fehaciente e irrefutable

 de cualquier DNU-que quiera sobreponer a la URGENCIA de la atención a personas con DISCAPACIDAD otras prioridades.

• Revisión y rendición respecto de rol y función que cumplimentan los Organismos Públicos afectados a la atención de dicha población. Formación del personal que ocupa cargos jerárquicos en cuanto a conocimiento de tan sensible temática, en los diferentes estadios: locales, provinciales y nacionales, entendiendo que la experticia es condición primera para garantizar resultados óptimos en la atención de personas con Discapacidad. Este último punto fue considerado en función de la escasa casi denominada ausencia de participación de los diferentes funcionarios vinculados al sector, que además han demostrado un total desconocimiento de las leyes, su aplicación y necesidades de la población afectada. Las políticas públicas afectadas a los sectores más vulnerables no pueden reducirse a un conjunto de intencionalidades, sino de que requieren de formación, gestión y empatía.

Sin más que informar y a la espera de una respuesta favorable

Colectivo de Prestadores, familiares y Pacientes con Discapacidad